PAN y PRI desestabilizan a órganos legislativos

Los acuerdos políticos cupulares entre los partidos Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI), avalados por las fracciones del Partido Verde Ecologista (PVEM) y Convergencia dentro de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados mexiquense, afectan y restan credibilidad a las instituciones de la Legislatura, sentenció el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, Sergio Velarde González.
Lo anterior luego de que el pasado miércoles, los representantes de dichas fracciones parlamentarias decidieran exonerar de toda culpa al alcalde Atizapán de Zaragoza, Gonzalo Alarcón Bárcena, acusado de donar irregularmente un predio de más de 13 hectáreas al Tecnológico de Monterrey, por lo que la Contraloría del Poder Legislativo le imponía una multa superior a los 33 millones de pesos.
“Por componendas políticas, los grupos parlamentarios que suman la mayoría en el Congreso y por el voto ponderado en la Junta de Coordinación, no sólo rechazaron el dictamen, sino exoneraron al presidente municipal, y esa decisión pone en riesgo la credibilidad y estabilidad del Órgano Superior de Fiscalización y de la Contraloría”.
Lo cual sienta un precedente dijo, de que cualquier anomalía que en un futuro se pueda cometer por parte de algún funcionario público quede en la impunidad, sin ser castigado el responsable de la misma. Pero además dicha decisión avala una falta de respeto hacia la ciudadanía cometida por el alcalde y los demás integrantes del cabildo atizapense quienes aprobaron la donación del terreno de propiedad pública a una institución de carácter privado.
Decisión que consideró, la orquestó el coordinador parlamentario de Acción Nacional con el propósito de ofrecer protección al edil de Atizapán, “lo que a ellos (en el PAN) les interesa es cubrir, proteger a Gonzalo Alarcón, para que no tuviera ninguna consecuencia como lo marcaba el dictamen”.
Por lo tanto, agregó, en breve los diputados del Partido del Trabajo buscarán apelar la decisión tomada en el seno del máximo órgano legislativo, por considerar que la misma contraviene a los intereses de la población.
“Nosotros al interior del grupo parlamentario vamos a analizar la posibilidad legal, junto con un cuerpo jurídico, de impugnar la decisión de la Junta, y por supuesto vamos a ponernos a la orden de los ciudadanos de Atizapán de Zaragoza, que así lo consideren que sientan violados sus derechos”.
En este sentido, Velarde González, subrayó que buscarán llevar la impugnación a los tribunales, con la intención de no permitir quede sin castigo un acto de impunidad, “vamos a agotar todas las instancias para evitar que este tipo de actos de impunidad no queden así nada más”.